Alternativa, el tribunal y las nuevas asambleas

Por: Jorge Javier Romero Opinión
El pasado once de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo definitivo sobre la asamblea del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata. Antes, en una absurda sentencia, el Tribunal Electoral del Distrito Federal había decidido sostener la validez de aquella reunión decisiva para el proceso de renovación de dirección de ese partido con el argumento de que si bien quedaba probado que hubo violencia ésta no fue permanente y los agredidos pudieron haber vuelto. Afortunadamente el tribunal federal no mantuvo la estulta decisión y anuló, en una resolución que ha sido calificada de histórica por varios comentaristas en los últimos días, no sólo la cuestionada asamblea del Distrito Federal, sino también la Asamblea Nacional del partido, cuya integración había dependido, en buena medida, de los resultados de la primera.
Es verdad que la sentencia del TEPJF declara inválidas las asambleas y ordena su reposición, pero quienes han echado campanas al vuelo omiten el detalle de que el tribunal dejó en manos de los mismos dirigentes elegidos de manera espuria la organización de las nuevas asambleas. Así, los mismos que resultaron beneficiados por la violencia y la intimidación que dejaron fuera del partido a buena parte de sus fundadores serán los encargados de enmendar su propio proceso de elección. Poco se puede esperar, entonces, de un acto que pone la justicia en manos de los agresores.
La sentencia del TEPJF y las intervenciones de los magistrados en el pleno de la Sala Superior donde se tomó el acuerdo dejaron en claro quiénes fueron las víctimas y quiénes contrataron esbirros. La prueba más contundente fue vista en horario de máxima audiencia en la televisión nacional: el video en que los golpeadores a sueldo persiguen y echan del salón de sesiones a Patricia Mercado y sus partidarios. No queda duda, entonces, de quién utilizó la violencia pagada para hacerse ilegítimamente con el partido. Empero, con el peregrino argumento de que la organización no puede quedar acéfala, los mismos que deformaron en su beneficio la legalidad partidista van a organizar los nuevos actos. Algo no suena precisamente justo.Poco se puede esperar de una reposición de procedimiento hecha bajo estas reglas. Sólo si, como producto del rapapolvo que le propinó el tribunal, el grupo encabezado por Alberto Begné asume que su destino político estará marcado por su conducta en este proceso y que el costo de la exclusión de sus adversarios puede ser el desprestigio, la reputación aniquilada y el ostracismo político y, por tanto, decide recomponer en su totalidad, a través del diálogo y la negociación, su actuación atrabiliaria, tendrá alguna posibilidad de supervivencia un proyecto político por el que votó más de un millón de ciudadanos en 2006.
Sin embargo hay demasiados elementos para el escepticismo. No parece que después de haberse apoderado del botín con tanta saña y encono, vayan los asaltantes a reconocer que a pesar de tanto esfuerzo tienen que compartir el espacio político con quienes desprecian al grado de llamar feminazis, pinkys y otra sarta de insultos que demuestran su falta de comprensión y acuerdo con el programa que logró el registro del partido. Tampoco hay señales de que su pretendido compromiso democrático y legal vaya más allá de la simulación de procedimientos formales y que ahora sí vayan a entender la lógica del reconocimiento del otro, de la necesidad de deliberación democrática y de la construcción de acuerdos sobre la base del diálogo.
El fallo del tribunal federal abrió una pequeña oportunidad para que Alternativa reencuentre el camino de la política democrática en su vida interna, pero sin auténtica convicción de que el camino hasta ahora recorrido lleva únicamente a la aniquilación de un proyecto que le dio esperanza de recuperar la política como instrumento a más de un millón de personas. Poco se puede esperar de la reposición formal de un proceso, sobre todo cuando una de las partes se ha quedado sin recursos y vínculos formales para competir durante varios meses. Claro que quienes controlan el aparato partidista y, además, van a organizar las asambleas por mandato judicial llevan una ventaja injusta, muy lejana a un auténtico acto de reparación.
Me gustaría equivocarme y encontrar un talante diferente al demostrado durante meses de confrontación cainita en Alternativa. Me encantaría que de las conversaciones en curso saliera un acuerdo con la legalidad y la restauración del orden democrático dentro del partido. Sería estupendo que se entendiera que durante la pasada campaña electoral se estableció un contrato con los votantes que debe ser cumplido y que, más allá de los agravios mutuos, se pudiera construir un espacio de convivencia y discusión política y no sólo un campo de batalla. Sin embargo me mantengo escéptico. A ver si la disposición al diálogo manifestada lleva a que la sentencia del TEPJF no sea el camino para un nuevo montaje excluyente.
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